Corporate law and the administrative function of protection El derecho corporativo y la función administrativa de protección1

  • Juan Carlos Trujillo Mahecha*
Palabras clave: societario, mercantil, empresarial, regulación, corresponsabilidad

Resumen

En el presente texto, se presenta un análisis del corporativo o societario, frente a la función administrativa que debe ejercer el Estado, con el fin de proteger los derechos que se vean afectados dentro de este tipo de relaciones. Lo anterior, teniendo como precedente el reconocimiento de la economía y el mercado como los medios propicios para fomentar el desarrollo de los países, fomentando condiciones de bienestar. Así, el intercambio de bienes y servicios, se constituye como fundamento de toda actividad económica y empresarial; el cual implica una dinámica dentro de marcos de formalidad esenciales para la legalidad, con sólidos principios de igualdad y seguridad jurídica, haciendo uso de herramientas conceptuales e instrumentales propias de la dimensión jurídica, sobre las cuales se forman, organizan, operan y controlan las unidades empresariales y productivas. Por ello, la necesidad de comprender las teorías, el rol de las instituciones, los principios rectores que permean el ejercicio comercial y las disposiciones normativas que nutren al derecho corporativo o societario, junto con la participación del Estado bajo los preceptos de protección enmarcados en las bases del Estado de Derecho y del Estado Social de Derecho respetando la libertad de los mercados. El anterior panorama, exige escenarios donde el principio de corresponsabilidad se materialice a partir de las relaciones de libre mercado, centrado en el propósito de comprender el rol de las partes involucradas en la transacción. Lo anterior, con el fin de respetar la naturaleza de la misma, lo cual motiva una aproximación al entendimiento del derecho corporativo o societario y la función administrativa de protección, a partir de la empresa como institución no solo de inversión de capital (aspecto económico), sino inversión social (fuerza de trabajo) con arraigo en la legalidad, donde las operaciones comerciales respeten las ecuaciones antes referidas, protejan los derechos de propiedad industrial e intelectual y cumplan con sus deberes ante el fisco sin necesidad de invocar la jurisdicción para su acatamiento. 

Publicado
2020-04-03